Tanto la CEOE como CC.OO. y UGT han presentado sus respectivas propuestas para el nuevo Gobierno que salga de las elecciones del próximo día 28 de este mes. Aunque hay algunos puntos en los que coinciden, en la mayoría de las cuestiones mantienen sus habituales y serias discrepancias.
Hay tres grandes asuntos en los que ambas partes están de acuerdo: potenciar la negociación colectiva, luchar contra la economía sumergida y perseguir el fraude fiscal. No obstante, en el primero de los temas existe una diferencia muy importante, ya que la patronal que preside Antonio Garamendi quiere que los convenios de empresa mantengan la prioridad sobre los del sector, como estableció la reforma laboral de 2012, «facilitando la renovación y actualización de los mismos».
Los sindicatos que lideran Unai Sordo (CC.OO.) y Pepe Álvarez (UGT) piden lo contrario para ganar presencia y el Gobierno de Sánchez estaba dispuesto a complacerles.
La discrepancia más evidente entre la CEOE y CC.OO. y UGT es la legislación laboral. La primera quiere ahondar aún más en la reforma que lideró la ministra de Empleo, Fátima Báñez, pues los datos de reducción del paro la han dado la razón. La patronal insiste en flexibilizar aún más el mercado laboral «para facilitar la adaptación de las empresas a las necesidades del mercado».
Derogar la reforma laboral
Los sindicatos exigen en público la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, aunque en privado reconocen que es prácticamente imposible y que se quedarían satisfechos con la reversión de algunos de sus puntos. El Gobierno de Sánchez también admitió que solo podría cambiar algunas cuestiones puntuales de la legislación y siempre que contara con el apoyo de una mayoría parlamentaria.
CC.OO. y UGT quieren forzar una reforma del Estatuto de los Trabajadores porque «se ha quedado anticuado» y para que facilite «la contratación indefinida y los salarios dignos».
Una de las cuestiones que los sindicatos exigen revertir «sí o sí» es el de la ultraactividad o prórroga automática de los convenios cuando caducan. La reforma del PP limitó a un año ese periodo, que hasta entonces era indefinido. La patronal desea mantener la ultraactividad actual y, si se suprime, mejor aún. Las organizaciones sindicales insisten en una prórroga indefinida o, de al menos, dos o tres años.
Control de horas extras
Otro tema en el que se mantienen en polos opuestos es el del registro horario en las empresas que aprobó el Gobierno hace poco más de un mes después de que varias sentencias judiciales consideraron que las empresas estaban obligadas a contabilizar la jornada diaria de sus trabajadores a efectos de poder saber si hacen horas extras y cuántas.
Este real decreto ha sido muy aplaudido por los sindicatos, aunque aún no se sabe cómo se aplicará. Precisamente, la patronal opina que será de muy difícil fijación en un gran número de empresas, sobre todo en aquellas con teletrabajo, y que es una medida «que nos devuelve al pasado». No obstante, la CEOE consiguió incluir en la norma que el registro horario se discuta en cada convenio colectivo.
El asunto fiscal es otro en los que ambas partes se encuentran a gran distancia. Los sindicatos quieren aumentar la tributación sobre el capital y la renta del trabajo de los salarios más elevados, así como subir la presión fiscal real del impuesto de Sociedades para las grandes empresas. La patronal considera necesario reducir la presión fiscal a las empresas. Por ejemplo, piden adecuar la tributación del impuesto sobre Sociedades a la capacidad económica real de las empresas considerada interanualmente.
También quieren una reducción de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, «que en España son considerablemente superiores a la media de la UE». También proponen favorecer la consolidación de las nuevas iniciativas empresariales con tipos inferiores, tanto en el impuesto de Sociedades como en las cotizaciones sociales en los primeros años de actividad.
Impuestos «mediáticos»
CEOE plantea que se evite introducir nuevas figuras impositivas «solo justificadas por su impacto mediático y no por razones de eficiencia e interés general», así como coordinar de manera urgente las políticas tributarias estatales, autonómicas y locales.
Por su parte, CC.OO. y UGT esperan que el nuevo Gobierno persiga y sancione todas las formas de precariedad laboral, como «la temporalidad abusiva y fraudulenta, el tiempo parcial involuntario, las horas extras, los falsos autónomos y los becarios que encubren una relación laboral. También recuperar la causalidad en la contratación temporal». Asimismo, hacen hincapié en la lucha contra la siniestralidad laboral, implementando planes de inspección severos.
