Una empresa que acumula impagos necesita distinguir cuanto antes entre un problema puntual de tesorería y una situación de insolvencia. El concurso de acreedores no equivale automáticamente al cierre: es el procedimiento legal para ordenar la insolvencia, determinar el patrimonio y los créditos y decidir si existe una solución de continuidad o si procede liquidar.
Esta guía ofrece criterios generales para empresas y administradores en Tenerife. No sustituye el estudio de la contabilidad, los vencimientos, las garantías, los contratos y la situación laboral y fiscal de una sociedad concreta.
Última actualización editorial: 14 de octubre de 2026. Normativa contrastada con los textos consolidados del BOE.
Cuándo existe insolvencia
El artículo 2 del Texto Refundido de la Ley Concursal distingue dos situaciones:
- Insolvencia actual: el deudor no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.
- Insolvencia inminente: el deudor prevé que, dentro de los tres meses siguientes, no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones.
La falta de liquidez de un día no demuestra por sí sola la insolvencia. Para valorar la situación hay que cruzar caja disponible, cobros previsibles, vencimientos, deuda pública, salarios, financiación, litigios y valor real de los activos. Seguir facturando tampoco garantiza que la empresa sea solvente si no puede atender regularmente lo que ya vence.
En el ámbito preconcursal existe además la probabilidad de insolvencia. El artículo 584 del mismo texto la sitúa cuando sea objetivamente previsible que, sin un plan de reestructuración, el deudor no podrá cumplir regularmente las obligaciones que venzan en los próximos dos años.
El plazo para solicitar el concurso
Cuando existe insolvencia actual, el artículo 5 del TRLC establece que el deudor debe solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que conoció o debió conocer esa situación. No es prudente fijar ese día observando solo el saldo bancario: la fecha depende de hechos económicos y documentos concretos.
La comunicación judicial de apertura de negociaciones puede modificar el calendario. Conforme a los artículos 585 y 611 del TRLC, una empresa puede comunicar negociaciones para un plan de reestructuración y, si continúa en insolvencia actual sin haber alcanzado un plan, deberá solicitar el concurso dentro del mes siguiente al periodo legal de negociación. La comunicación exige una estrategia real y no debe utilizarse como una simple demora.
¿La empresa ya no paga con regularidad?
Conviene revisar vencimientos, contabilidad, deuda pública, trabajadores, avales y garantías antes de escoger una vía.
Consultar este asuntoReestructuración, concurso o liquidación
No existe una solución válida para todas las empresas.
Plan de reestructuración
Puede ser una opción cuando el negocio conserva valor y existe una perspectiva razonable de evitar el concurso y asegurar la viabilidad a corto y medio plazo. Esa exigencia figura en el artículo 638 del TRLC. El plan puede modificar activo, pasivo o ambos, pero su contenido y las mayorías necesarias dependen de los créditos afectados.
Concurso
El concurso permite ordenar el patrimonio y los créditos bajo control judicial. Puede conducir a un convenio, a la transmisión de una unidad productiva o a la liquidación. La continuidad depende de la viabilidad real, no de la mera voluntad de mantener abierta la sociedad.
Liquidación
Cuando no existe una continuidad sostenible, una liquidación ordenada puede evitar que aumenten el pasivo y la pérdida de valor. Disolución societaria y concurso no son equivalentes: el artículo 361 de la Ley de Sociedades de Capital aclara que la declaración de concurso no disuelve por sí sola la sociedad, mientras que la apertura de la fase de liquidación concursal sí produce su disolución de pleno derecho.
Procedimiento especial para microempresas
El artículo 685 del TRLC reserva el procedimiento especial a personas naturales o jurídicas que ejerzan una actividad empresarial o profesional y cumplan conjuntamente estos criterios:
- una media inferior a diez trabajadores durante el año anterior; y
- un volumen de negocio anual inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros, según las últimas cuentas cerradas.
Si la empresa pertenece a un grupo, esos criterios se calculan en base consolidada. El procedimiento puede tramitarse como continuación o como liquidación, con o sin transmisión de la empresa en funcionamiento. No debe darse por supuesto su encaje sin revisar las cuentas y la estructura laboral.
Qué documentación conviene ordenar
La solicitud y la estrategia concursal dependen de documentos, no de impresiones. Como punto de partida suelen ser relevantes:
- cuentas anuales, balances recientes y libros contables;
- previsión de tesorería y calendario de vencimientos;
- relación de acreedores, importes, garantías y fechas;
- deuda con AEAT y Seguridad Social;
- nóminas, plantilla y obligaciones laborales;
- contratos esenciales, arrendamientos y financiación;
- inventario de bienes y derechos con valoración razonable;
- litigios, embargos y procedimientos administrativos;
- avales personales de socios o administradores; y
- operaciones con socios, administradores o empresas vinculadas.
Ocultar bienes, alterar documentación o mover activos sin justificación puede agravar el problema. La prioridad debe ser preservar la información y dejar una cronología comprobable de las decisiones.
Responsabilidad del administrador
La insolvencia de una sociedad no convierte automáticamente al administrador en deudor personal. Hay que separar, entre otros, estos planos:
- Avales personales, que dependen del contrato firmado.
- Responsabilidad por daños, regulada en los artículos 236 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.
- Responsabilidad por deudas posteriores a una causa de disolución, en los términos del artículo 367 de esa ley.
- Calificación concursal, que exige valorar las conductas y los presupuestos del TRLC; el simple fracaso empresarial no basta por sí solo para afirmar que un concurso será culpable.
Por eso no es correcto asegurar que el administrador “responderá de todo” ni prometer que el concurso protegerá siempre su patrimonio. La conclusión depende de fechas, conductas, contabilidad, garantías y causalidad.
Preguntas frecuentes
¿El concurso obliga a cerrar la empresa?
No necesariamente. Puede haber continuidad, convenio o transmisión de una unidad productiva. La alternativa depende de la viabilidad y del valor que pueda conservarse.
¿Puedo negociar antes de solicitarlo?
Sí, mediante los instrumentos previstos en el TRLC, siempre que se respeten los requisitos y plazos. Si existe insolvencia actual, la negociación no elimina por sí sola el deber de reaccionar.
¿Qué ocurre si la empresa no tiene activos?
La falta de activo no hace desaparecer los deberes legales. El TRLC regula el concurso sin masa en los artículos 37 bis y siguientes y prevé comprobaciones y posibles actuaciones de los acreedores en determinados supuestos.
¿Hacienda y Seguridad Social reciben el mismo trato que un proveedor?
No. Los créditos públicos tienen reglas específicas. Su clasificación, los efectos de una reestructuración y las posibilidades de aplazamiento o pago deben revisarse con el expediente concreto.
¿Cuánto tarda y cuánto cuesta?
No existe una cifra universal. Influyen el tipo de procedimiento, el activo, el número de acreedores, las incidencias, la posible continuidad y la carga del órgano judicial. Dar un plazo o precio cerrado sin estudiar el caso sería poco riguroso.
Qué hacer si la empresa no puede pagar
La primera decisión útil es construir una fotografía verificable: qué vence, qué puede cobrarse, qué activos existen, qué garantías se han firmado y desde cuándo se ha dejado de cumplir con regularidad. Con esa información puede valorarse si procede negociar, reestructurar, solicitar el procedimiento especial de microempresa, presentar concurso o preparar una liquidación.
No conviene mover activos, favorecer a personas vinculadas ni asumir nuevas obligaciones basándose solo en una guía general. Cualquier actuación debe partir de la documentación real de la sociedad.
Consulta inicial: 618 24 13 85
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Fuentes oficiales
- Texto Refundido de la Ley Concursal, Real Decreto Legislativo 1/2020: artículos 2, 5, 37 bis a 37 quinquies, 584, 585, 611, 638, 685 y 686.
- Ley de Sociedades de Capital, Real Decreto Legislativo 1/2010: artículos 236, 361, 363, 365 y 367.